Recientemente el diario ABC publicó un artículo de mi buen amigo Carlos Pérez-Embid que, por su actualidad y su interés, reproduzco íntegramente a continuación previa autorización de su autor....oOo...
El artículo 27.3 de la Constitución dispone que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Es éste un precepto cuyo sentido y alcance, curiosamente (diríamos mejor: sintomáticamente), se han rehuido en el debate suscitado por el proyecto del Gobierno de incluir una asignatura de Educación para la Ciudadanía, con carácter obligatorio, en Secundaria.
El término ciudadanía expresa la cualidad o condición de ciudadano; y este último, por su parte, alude al ser humano, no en cuanto individuo, sino en cuanto ser social. Ciudadano (o ciudadana) es la persona en tanto en cuanto convive con otras en ese espacio común ideado por la civilización occidental hace más de veinticinco siglos que conocemos con el nombre de ciudad. Siendo esto así, la cuestión que hay que plantearse es la siguiente: la formación moral a que se refiere la Constitución en el precepto antes mencionado (y que cada cual -de acuerdo con sus convicciones- puede elegir para sus hijos), ¿es una formación moral que sólo se ocupa del aspecto o vertiente individual de la persona, o -por el contrario- es una formación moral que necesariamente engloba también el aspecto o vertiente social de dicha persona? Aquí está, en mi opinión, la clave del asunto.
La manifiesta falta de interés por esclarecer los términos de esta disyuntiva enlaza con uno de los rasgos más llamativos y preocupantes de nuestra época, a saber: la resistencia, más o menos consciente, a aceptar verdades elementales, que no hemos "construido" los hombres, sino que nos vienen dadas. Y es que una de estas verdades es, justamente, la unión indisoluble que existe entre los dos aspectos o vertientes de la naturaleza humana que hemos señalado: el ser humano es, al mismo tiempo -y sin posibilidad de separación o escisión- un ser individual y un ser social. Un teólogo católico verá, probablemente, en el misterio de la comunión de los santos la más alta expresión de esta unión inescindible. Pero no hace falta ser ni teólogo, ni católico, ni siquiera profesar ninguna concreta fe religiosa para darse cuenta de esto. Basta con percatarse de que la manera como uno se vea a sí mismo, la manera como uno conciba su destino individual, repercute por fuerza en sus relaciones con los demás.
Si una persona desaprueba para sí misma determinada conducta (por ejemplo -y para no andar con rodeos-, una conducta homosexual), no sólo aquí y ahora, es decir, no sólo por motivos contingentes -que pueden cambiar-, sino por considerar esa conducta, siempre y en todo caso, como algo que va en contra de su idea moral de lo que es el ser humano, necesariamente esa persona habrá de desaprobar también tal conducta en cualquier otra persona que la realice. Y es fundamental destacar que ese juicio desaprobatorio es distinto e independiente del respeto a los derechos de las personas, porque se produce en un nivel diferente al de las relaciones estrictamente jurídicas.
Y sucede que, más allá (o -quizá mejor-, más acá) del acatamiento de las leyes y, por tanto, del respeto a los derechos, verdaderos o ficticios, que las leyes otorguen, lo que define el clima moral de una sociedad en cada época no es sino la aprobación o desaprobación social de conductas o pautas concretas de comportamiento, que se produce por la suma de aprobaciones o desaprobaciones individuales.
Pero los defensores del proyecto gubernamental creían, o aparentaban creer, que la condición individual del ser humano es separable de su condición social; y por eso creían, o aparentaban creer, que una "Educación para la Ciudadanía" diseñada por Decreto e impartida obligatoriamente en las escuelas no atentaba al derecho de los padres recogido en el artículo 27.3 de la Constitución. Porque -según ellos- ese derecho se refiere sólo a la moral individual, no a la moral social, que sería de la competencia del Estado... Como se ve, se trata, en definitiva, de la misma "lógica" que impulsa a excluir del ámbito público cualquier manifestación de las creencias y valores religiosos de las personas.
Al final, y aunque nunca se querrá reconocer, el repliegue evidente del Gobierno, accediendo a que los libros de texto enfoquen la Educación para la Ciudadanía de acuerdo con el ideario de cada centro, ha supuesto vaciar de hecho el contenido de la asignatura y desistir -pues- de la pretensión totalitaria de hacernos comulgar a todos con ruedas de molino. Con el Proyecto de Ley del Vino, de la anterior Ministra de Sanidad, el repliegue fue completo (se retiró el Proyecto). Con la Educación para la Ciudadanía, la implicación ideológica del Gobierno era mayor, y no ha habido -de momento- tanta suerte.
Autor: Carlos Mª Pérez-Embid Wamba.
Abogado del Estado.
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